Fuero Maternal Trabajadora a Honorarios
24 de Julio de 2024Los honorarios eternos del Estado: más de 200 personas en 10 ministerios emiten boletas por su trabajo desde hace 10 años o más
A pesar de que el Estatuto Administrativo indica que los trabajadores a honorarios solo debieran estar contratados por el Estado para labores específicas y acotadas en el tiempo, The Clinic pudo constatar que hay casi 800 personas, es decir más de un 20% de los funcionarios que trabajan en los 24 ministerios y subsecretarías del gobierno, que prestan sus servicios bajo esta modalidad desde hace al menos cinco años. Hay funcionarios que incluso llevan más de 18 años trabajando bajo esta calidad jurídica y, pese a que reconocen que no contar con acceso a los beneficios que todo funcionario público tiene garantizado, señalan que han optado por seguir en esa categoría por dos razones: sus remuneraciones líquidas son superiores y no es difícil llevar a cabo una eventual demanda al Estado por indemnización por años de servicio.
Vacaciones progresivas, licencias médicas, el acceso a servicios de bienestar del sector público o la posibilidad de ascender en sus puestos de trabajo. Estos son algunos de los beneficios que los trabajadores contratados a honorarios en el Estado no tienen garantizados ya que el Estatuto Administrativo no los reconoce como funcionarios públicos. Al contrario, la ley indica que estos trabajadores solo debieran ser contratados para realizar “labores accidentales y que no sean las habituales de la institución”.
La realidad es que en cientos de casos, la ley no se cumple en la práctica: según los datos recopilados, hasta marzo de 2024, al menos un 20% -casi 800 personas- de los trabajadores a honorarios que prestan sus servicios en el Gobierno central, lleva contratado bajo esta modalidad desde hace al menos cinco años. Además, existen más de 200 personas contratadas a honorarios cumpliendo funciones propias de las instituciones desde hace más de una década.
“Me gustaría tener un contrato y tener mi seguridad laboral con todas esas prestaciones en la medida en que se me reconozca la deuda que se tiene con mis cotizaciones”, admite Raúl (44), trabajador que presta sus servicios a honorarios hace más de 14 años en una subsecretaría y que no ha querido aceptar un traspaso. “El pasarme hoy día a contrata con esos beneficios, pero sin que se me reconozca la deuda que se tiene es ser entonces el cómplice de lo mismo que he criticado”, agrega Raúl, que entregó su testimonio de forma anónima por lo que su nombre fue modificado.
Mauricio Ortega, abogado de Defensa Honorarios, explica: “A las personas que llevan mucho tiempo a honorarios se les recomienda que se asesoren y que pongan en la balanza lo que ganan y lo que pierden al hacer el traspaso. Ahí la mayoría por supuesto que no lo aceptan”.
Estas demandas generan, según el excontralor Bermúdez, un daño en el patrimonio público, pues la mayoría de estas resultan a favor del trabajador, lo que genera un alto gasto del Estado en indemnizaciones. A través de una revisión de las causas disponibles en la página web del Poder Judicial, se evidenció que solamente en los tribunales laborales con competencia sobre la provincia de Santiago, desde el 2018 se han registrado cerca de 200 demandas en contra del Estado con una sentencia condenatoria que suma más de $1.800 millones a favor de los trabajadores.
Si la Ley de Presupuesto 2023 no hubiera anulado el dictamen, que reconocía el impacto negativo en el patrimonio público que causan las demandas mencionadas, esta investigación constató que se habría exigido el traspaso de por lo menos 1.000 trabajadores que llevan contratados desde enero de 2021, lo que representa casi el 30%del total de la dotación hasta marzo de 2024.
